Una cámara de comercio es una organización voluntaria y sin fines de lucro que agrupa a comerciantes, fabricantes y profesionales para representar sus intereses en un área específica.
Su objetivo principal es proteger y promover el desarrollo comercial e industrial de sus miembros y la comunidad.
Además, organizan eventos, recogen estadísticas y colaboran con autoridades para impulsar mejoras que beneficien a la economía local.
Organización voluntaria y no lucrativa de comerciantes, fabricantes, negociantes y profesionales encargada de representar sus intereses en un territorio determinado. Suelen estar organizadas sobre una base provincial o, muy frecuentemente, local. Sus funciones son proteger y fomentar los intereses comerciales e industriales de sus miembros y de su comunidad, alentar las mejoras cívicas y prestar servicios directos a sus miembros. Actividades típicas son organizar ferias de muestras y mercados, fomentar reuniones comerciales, instar de las empresas el establecimiento de fábricas en la comunidad, recoger y difundir estadísticas, buscar la protección de las autoridades nacionales, provinciales o locales para todo cuanto redunde en beneficio de la industria o de la comunidad. Sus relaciones con los cuerpos gubernamentales son muy amplias, pues apenas hay decisión oficial que no afecte a la economía o al desarrollo de la ciudad. Las cámaras pueden realizar esta función mediante instancia, por colaboración no oficial en la preparación de las leyes, por exposición de datos ante las entidades públicas o mediante publicidad encaminada a influir en la opinión pública.
Aunque estos organismos utilizan casi exclusivamente el nombre de cámaras de comercio, en ocasiones se denominan asociaciones de comercio e industria, juntas comerciales o comités comerciales. Suelen estar financiadas por suscripciones voluntarias de sus miembros y, en general, no dependen directamente de los organismos oficiales. Casi siempre se han inclinado hacia una política librecambista, opuesta a la intervención gubernamental en los asuntos económicos. Refleja esta orientación básica su oposición a los decretos que afectarían asuntos como horario de trabajo, sindicación, retribución del paro, impuestos progresivos sobre la renta, propiedad pública de los recursos naturales, regulación de precios y salarios y construcción realizada o subvencionada por el Gobierno. Tienden a ampliar sus puntos de vista en las cuestiones sociales.
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